Postura de la comunidad cinematográfica ante el retiro de la Ley de Cinematografía

En cineNT compartimos la preocupación de la comunidad cinematográfica ante el inesperado retiro de la nueva Ley de Cinematografía en el Senado de la República, ante lo que parece un nuevo golpe de traición a la industria cultural cinematográfica del país, ante este hecho les compartimos el comunicado de la Comunidad, los invitamos a leerlo.

 

Es urgente e impostergable una nueva Ley de Cinematografía y el Audiovisual: Sí al diálogo, no a la congeladora.

La comunidad cinematográfica nacional reitera su compromiso de seguir trabajando en las mesas de Parlamento Abierto donde continuaremos defendiendo la creación de una nueva Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual que garantice los derechos culturales y el acceso a la cultura nacional de las y los mexicanos.

Pronunciamiento de las abajo firmantes, miembros de la comunidad cinematográfica nacional, referente al comunicado de prensa del Senador Ricardo Monreal Ávila de fecha 26 de abril de 2021.

Instamos al Senado de la República a ejercer las facultades que le otorga el artículo 73 Constitucional y su soberanía respecto a los Agentes Económicos Dominantes que, el día de hoy, intentan impedirle que defienda la cinematografía y el audiovisual nacional y los derechos culturales de las audiencias cinematográficas frente a intereses voraces que, de manera engañosa, alegan violaciones a la Constitución y diversos tratados internacionales de las propuestas. El papel del Estado debe ser proteger y garantizar el derecho a la cultura y los derechos culturales de las y los mexicanos, lo cual se traduce en proteger a la cinematografía nacional como una actividad cultural primordial frente a los intereses monopólicos del sector de la exhibición que el día de hoy pugnan por mantener no solo sus privilegios, sino prácticas que, si bien les traen muchos beneficios económicos, dañan a la industria cinematográfica nacional y con ello al interés general.

En un comunicado oficial del Grupo Parlamentario de MORENA el senador Ricardo Monreal declaró que “‘no hay que cansarse de dialogar’, sobre todo porque se busca construir una herramienta que satisfaga a todos los involucrados y que no existan dudas al interior de la industria”. Queremos recordar que la Ley actualmente vigente permite las prácticas concentradoras y monopólicas de los Agentes Económicos Dominantes en materia de distribución y exhibición cinematográficas. Es precisamente para acotar el poder casi absoluto que estos Agentes Dominantes tienen actualmente sobre nuestra industria, y conseguir un mayor equilibrio con los otros sectores, que se necesitan urgentemente cambios en la legislación cinematográfica y audiovisual para volver efectivo el fomento a nuestra cinematografía en todas las etapas de la cadena económica. Sabemos, por experiencias anteriores, que dichos Agentes Económicos Dominantes difícilmente quedarán satisfechos con cualquier iniciativa que implique disminución o desaparición de los enormes privilegios de que han gozado durante décadas. Bajo gobiernos que han sido calificados como “neoliberales”, tales cambios a la legislación nunca fueron llevados a cabo, debido a la influencia ejercida sobre nuestros gobernantes y legisladores por los grandes corporativos de exhibición y la distribución. Nos sorprende mucho que este gobierno y su grupo parlamentario, que han expresado su decisión de enfrentar a los poderes fácticos en otros ámbitos para conseguir un México más equitativo, estén renunciando a hacerlo en el sector cinematográfico y audiovisual.

Desde principios de 2019, en el  marco de las mesas de Parlamento Abierto convocadas por  la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, presidida por el Diputado Sergio Mayer Bretón, 22 organizaciones y gremios de la comunidad cinematográfica que agrupan a más de 3000 profesionales de esta actividad trabajamos para construir una iniciativa de consenso que estableciera las condiciones necesarias para terminar con el grave problema de concentración que sufre la industria cinematográfica nacional en el sector de la exhibición: un duopolio que concentra el 92% de las pantallas. La lógica que impera en la programación de estas pantallas atiende únicamente a estrategias que maximizan los ingresos de los exhibidores en detrimento de la competencia y de la pluralidad de la oferta que llega a las y los mexicanos.

En dichas mesas se contó con la presencia, participación y opiniones no sólo de los productores, directores, guionistas, fotógrafos, animadores, distribuidores, exhibidores y demás miembros de la comunidad cinematográfica nacional, sino también de funcionarios de la Secretaría de Cultura y del IMCINE, quienes siempre tuvieron conocimiento de las propuestas que desde cada gremio se apoyaban a favor del cine mexicano independiente y de calidad. Cabe señalar que los exhibidores reiteradamente se negaron a realizar propuestas concretas ante el temor de perder los privilegios y la desmedida concentración que el duopolio ejerce sobre la exhibición cinematográfica nacional.

Desde el inicio de las deliberaciones, los gremios y agrupaciones de la comunidad propusimos una Ley de avanzada que en su redacción original, es decir, antes de ser modificada a través del dictamen de las Comisiones del Senado, contenía:

 

  1. Inclusión de la obligación del Estado para garantizar a las Audiencias el acceso a la cultura, así como el ejercicio de sus derechos culturales, atendiendo a la diversidad y pluralidad cultural de la Nación;
  2. Inclusión del audiovisual;
  3. Creación de un Glosario;
  4. Reestructuración del artículo 8o. respecto al doblaje;
  5. Rediseño del artículo 19o. y creación del ;
  6. Reforma del Capítulo VII de la Ley a efecto restituir el fomento y promoción de la cinematografía nacional como política de Estado;
  7. Creación de un capítulo referente al derecho de las audiencias y a la formación de audiencias;
  8. Inclusión de contenidos respecto a la conservación; y
  9. Establecimiento de sanciones en caso de incumplimiento de los artículos 8o., 19o. y 20o.

 

El sector audiovisual mexicano (tanto cinematográfico como de telecomunicaciones) se encuentra virtualmente monopolizado, dado que prevalecen los Agentes Económicos Dominantes (AED), monopolios y/o duopolios que diariamente aprovechan los vacíos de la ley actual, la falta de sanción ante su inobservancia y su posición de factores reales de poder para cometer abusos en el mercado o simplemente, como el día de hoy, ejercer su enorme poder económico para evitar que el poder público realice modificaciones legislativas a favor de equilibrios que son urgentes y necesarios. Estas acciones de los AED del sector audiovisual silencian la producción nacional independiente y de  calidad, lo cual tiene un alto costo para la cultura e identidad de la Nación a corto, mediano y largo plazo.

Cabe señalar que la comunidad cinematográfica nacional ha pugnado durante más de dos décadas por lograr una ley que:

 

  1. Equilibre estos abusos, entendiendo que la regulación audiovisual debe evitar la concentración excesiva que permite la existencia de AED y monopolios; y

 

  1. Proteja el interés general, es decir, los derechos culturales a tener acceso a contenidos diversos, de nuestra propia

 

Por ello, una nueva ley debe definir y precisar que los productos audiovisuales independientes, hechos por mexicanos, tengan acceso equitativo tanto al mundo digital como a las salas de cine.

No obstante lo anterior, coincidimos con los expertos respecto a los posibles efectos perniciosos que podría ocasionar la cuota del 10% a las plataformas digitales si no se cuenta con definiciones sólidas respecto a lo que se entiende por producción nacional independiente y calidad cinematográfica, en un país donde la producción de contenidos audiovisuales en español ha estado históricamente concentrada, siendo Grupo Televisa el principal productor de contenidos de habla hispana en el mundo.

Originalmente, dentro del glosario del artículo 3º se establecían definiciones claras de qué se debe entender por productor nacional independiente y por calidad cinematográfica y audiovisual. En diversas ocasiones, y mediante documentos enviados al Senado, recalcamos la necesidad de reformar estas definiciones para quedar de la siguiente forma:

“Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I.-…

 

II.- Calidad cinematográfica y audiovisual. - obras cinematográficas o audiovisuales que sean artísticamente y/o culturalmente relevantes; preparadas, realizadas y producidas con parámetros de rigor profesional y absoluto respeto de la libertad de expresión; así como criterios adicionales de originalidad, calidad artística, temática y técnica;

III.- a XXVI…

  • Productor Nacional Independiente. - Persona física, mexicana por nacimiento, naturalización o con residencia permanente, o persona moral mexicana, titular de los derechos patrimoniales de una Obra Cinematográfica o Audiovisual que tiene la iniciativa, coordinación y responsabilidad de su realización y que asume el patrocinio o financiamiento de la misma. El productor nacional   independiente   no   deberá́ tener ninguna asociación o vínculo, directo o indirecto, con empresas de servicios de radiodifusión de sonido e imagen u operadoras de comunicación electrónica de producción en serie para servicios  de video por demanda o suscripción, conglomerados de medios o agentes económicos con poder sustancial en cualquiera de los sectores de la industria. Para estos efectos no serán considerados como vínculos los acuerdos de distribución y/o exhibición.

 

XXVIII.- a XXIX…

 

A partir de la propuesta de inclusión de estas definiciones en el glosario del artículo 3º, resaltábamos la necesidad, no sólo de retomarlas en la redacción de la cuota contenida en el artículo 20o. del borrador, sino también de modificar el porcentaje de la cuota e incluir una cuota de inversión garantizada, para quedar como sigue:

 

“ARTÍCULO 20- Las plataformas digitales deberán:

 

  1. Reservar el 10% de su catálogo para obras cinematográficas y audiovisuales nacionales y nacionales independientes y de calidad, cuya producción no exceda diez años;

 

  1. Destinar el 5% de sus ingresos brutos para inversión directa garantizada en producción nacional y producción nacional independiente y de calidad. Dicho porcentaje será dividido 50% en producción nacional independiente y de calidad bajo la modalidad de coproducción o compra de licencias para la transmisión de las obras audiovisuales en la plataforma y el otro 50% restante en producción nacional propia o en coproducción, lo anterior en términos de lo dispuesto por el Reglamento; y

 

  • Generar, en términos de lo dispuesto por el Reglamento, los algoritmos necesarios para asegurar al menos un 10% de obras cinematográficas y audiovisuales nacionales independientes y de calidad dentro de la promoción que se hace al usuario final en todas y cada una de las ventanas, menús, segmentos, canales de comunicación e interfaces a través de los cuales ofertan el catálogo, esto con el fin de promover su visualización.

 

Genera particular preocupación que, en el comunicado de prensa del grupo parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura motivo de este pronunciamiento, se señale que el Senador Monreal "reveló que en esta decisión influyeron la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y diversos integrantes de la industria cinematográfica como Alejandro Ramírez y Epigmenio Ibarra, quienes le expresaron su deseo de participar en el diálogo sobre la construcción del dictamen.” No es la primera vez que Alejandro Ramírez, dueño del virtual monopolio de la exhibición en México tergiversa el concepto del libre mercado para justificar abusos y exclusión de otros sectores, en beneficio propio y detrimento de los derechos humanos de las y los mexicanos.

 

Ante las voces que se han pronunciado en contra de las cuotas mínimas para la cinematografía nacional y a favor de mantener intactos los intereses económicos de los Agentes Económicos Dominantes en un entorno en el que no existe –de facto- competencia en el sector audiovisual, manifestamos que no hay nada más neoliberal que considerar la “libertad de competencia” como algo absoluto y ley máxima del sistema de libre mercado en las democracias modernas. Ninguna democracia (ni siquiera las que tienen gobiernos que apoyan ideas neoliberales) lo permite y, sin embargo, en México se exige y se defiende como si así fuera. Todas las democracias de libre mercado, sobre todo las más ricas y avanzadas, tienen marcos regulatorios y limitaciones a la competencia económica. Si no las hubiera, esos países no serían democracias. Por ello, en sus leyes dan cabida a medidas anti-monopolio, anti-cartel, anti-trust y anti-posición dominante para evitar abusos, desigualdad y efectivamente proteger a una competencia sana.

 

Desde 1978, la Comunidad Europea sentó las bases jurídicas para limitar y regular a los Agentes Económicos Dominantes (AED), entendidos como “la posición de fortaleza económica que disfruta un proveedor y que le permite obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado relevante al proporcionarle el poder de comportarse con suficiente independencia de sus competidores, clientes y, en última instancia, de los consumidores.”1 Lo que hacen las leyes y reglamentos europeos, desde entonces, es limitar a los AED justamente para proteger la competencia. En la Unión Europea, la nueva Directiva Audiovisual, en sus consideraciones iniciales publicadas en 2018, dice textualmente que se “requiere un marco jurídico actualizado que refleje la evolución del mercado y que permita lograr un equilibrio entre el acceso a los servicios de contenidos en línea, la protección del consumidor y la competencia.” 2 México no es pionero en defender su cinematografía, ni esta iniciativa de Ley encuentra el hilo negro para protegerla de intereses particulares aplastantes, existen casos como el de la Directiva Audiovisual Europea, conformada por 27 países, donde se contemplan cuotas en el orden del 30% a las plataformas digitales como política pública para fomentar su cinematografía nacional e independiente.

 

Debemos incorporar medidas regulatorias en defensa de los productores independientes. No podemos ser, nada más, tasados como "poco competitivos" o meros maquiladores ante los grandes corporativos audiovisuales, nacionales o extranjeros. La negativa absoluta de algunos especialistas en materia de competencia respecto a la posibilidad de establecer en la Ley cuotas para permitir que se exhiban más contenidos nacionales independientes y de calidad se basa en una falacia, la libre competencia aplicada indiscriminadamente solo favorece prácticas corporativas en donde los AED salen ganando.

Lo cierto es que las cuotas deben adoptarse junto con medidas que aumenten las producciones locales con contenidos diversos, con temas complejos o sensibles, y producciones que de otra manera no existirían. Otorgar exenciones fiscales o reembolso de gastos de producción o invertir en infraestructura, como proponen algunos expertos, es alimentar a los AED y a los monopolios, sin que eso necesariamente garantice una oferta diversa y culturalmente importante

Países como Francia y Corea del Sur han demostrado que las cuotas funcionan para el bien de la producción local, el consumo local, la economía y los derechos culturales. Europa está imponiendo cuotas, además de incentivos; pero lo más importante es que todo el fomento a la producción audiovisual proviene de los ingresos de los grandes corporativos audiovisuales. No es un impuesto, es una obligación antes de la tributación y los montos se definen en un porcentaje de sus ingresos brutos. Coincidimos con los especialistas respecto a que, además de establecer cuotas de contenido, se apliquen esquemas de apoyo financiero a los productores locales independientes. ¿Por qué sugerir quitar cuotas y sólo dar incentivos fiscales? No tiene sentido.

Entrampar la discusión de la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual bajo el pretexto de realizar nuevas mesas de Parlamento Abierto es claramente una decisión política que deliberadamente beneficia los Agentes Económicos Dominantes para mantener el poder desmedido del que gozan desde hace años en el sector audiovisual.

A t e n t a m e n t  e

ACADEMIA MEXICANA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS, A.C. (AMACC)

APERTURA, A.C. (ASOCIACIÓN DE CINEFOTÓGRAFAS)

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES, A.C. (AMPI) ASOCIACIÓN MEXICANA DE SONIDO CINEMATOGRÁFICO, A.C. (AMSC) CINES MUTANTES

COMUNIDAD DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA (CEDECINE) DIRECTORAS CINEMATOGRÁFICAS

GREMIO DE ANIMACIÓN MEXICANA (GRAM) GUIONISTAS CINEMATOGRÁFICOS

MOVIMIENTO COLECTIVO POR LA CULTURA Y EL ARTE EN MÉXICO (MOCCAM)

RED DE DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES RED DE DOCUMENTALISTAS

RED IBEROAMERICANA DE FESTIVALES CINEMATOGRÁFICOS (REDIBEROFEST) RED MEXICANA DE FESTIVALES CINEMATOGRÁFICOS, A.C. (REDMEXFEST) RED NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍAS ESTATALES (RENACE)

 

1 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de fecha 14 de febrero de 1978, en el caso 27/76, United Brands Company y United Brands Continental BVv.

2 Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo, 14 de Noviembre de 2018.


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